Para una mujer migrante en situación administrativa irregular que sufre violencia machista, pedir ayuda no siempre es sencillo: puede implicar el riesgo de ser expulsada del país. El racismo institucional que documentan distintas investigaciones añade una capa de vulnerabilidad a mujeres que, muchas veces, ya han sobrevivido a violencias previas. Te explicamos qué dicen los datos y qué piden las organizaciones especializadas.
Este artículo forma parte de nuestra guía completa sobre defensoras de derechos humanos. Si quieres conocer a las organizaciones que trabajan en este ámbito en España, consulta también Red MigraRebeldía: mujeres migrantes defensoras de derechos.
¿Qué es el racismo institucional?
La Ley de Extranjería como barrera añadida
Los datos sobre violencia de género y racismo institucional
Barreras concretas en el día a día
Qué piden las organizaciones especializadas
El trabajo de Calala
Preguntas frecuentes
¿Qué es el racismo institucional?
El racismo institucional se refiere a la discriminación que no depende de una persona concreta con intención racista, sino que queda incorporada en las normas, procedimientos y prácticas habituales de instituciones públicas: policía, servicios sociales, sanidad o juzgados. Investigadoras como Silvina Monteros (Universidad de Granada) señalan que el racismo institucional actúa como un obstáculo real para la protección de las mujeres migrantes, más allá de cualquier explicación cultural sobre por qué “aguantan más” la violencia, una idea que las propias investigadoras describen como un mito.
La Ley de Extranjería como barrera añadida
Distintas organizaciones especializadas señalan la Ley de Extranjería como una fuente directa de vulnerabilidad añadida para las mujeres migrantes. Regularizar la situación administrativa requiere, en la mayoría de los casos, demostrar tres años de arraigo en España y contar con una oferta de trabajo de 40 horas semanales, requisitos que resultan especialmente difíciles de cumplir para mujeres que huyen de una situación de violencia.
Los datos sobre violencia de género y racismo institucional
Barreras concretas en el día a día
- Trabas al empadronamiento, que a su vez limita el acceso a sanidad y a servicios sociales básicos.
- Miedo a acudir a servicios de emergencia por posibles gastos, o a comisarías por miedo a la expulsión.
- Testimonios cuestionados con más frecuencia en comisarías, servicios sociales y juzgados cuando provienen de mujeres migrantes, según denuncian investigaciones especializadas.
- Falta de formación en perspectiva antirracista entre profesionales de primera línea (policía, funcionariado, trabajo social), señalada por expertas como una de las causas de esta desprotección.
Qué piden las organizaciones especializadas
Según el informe de Calala sobre el movimiento de mujeres migrantes en España, las organizaciones del sector centran buena parte de su incidencia en tres frentes: la dignificación laboral de los cuidados y el trabajo del hogar (exigiendo la plena ratificación del Convenio 189 de la OIT), la denuncia de la violencia institucional derivada de la Ley de Extranjería, y la creación de rutas de atención autogestionadas para supervivientes que no pueden o no quieren acceder a los recursos del Estado por miedo a la expulsión.
El trabajo de Calala
Desde 2012, Calala apoya al movimiento de mujeres migrantes en España a través del Programa Justicia Migrante. Entre 2016 y 2019, el 74% de los recursos entregados por Calala en el Estado español se destinaron precisamente a organizaciones de mujeres migrantes, reflejando la prioridad que este movimiento tiene en su estrategia de financiación.
Tu donación ayuda a sostener a organizaciones de mujeres migrantes que enfrentan el racismo institucional cada día.
Preguntas frecuentes
¿Una mujer migrante sin papeles puede denunciar violencia machista sin miedo a ser expulsada?
Existen mecanismos legales pensados para proteger a víctimas de violencia de género independientemente de su situación administrativa, pero organizaciones especializadas señalan que en la práctica el miedo a la expulsión sigue siendo una barrera real que disuade a muchas mujeres de denunciar. Conviene buscar acompañamiento de una organización especializada antes de acudir sola a instancias oficiales.
¿Qué es el “arraigo” en la Ley de Extranjería?
Es el tiempo de permanencia continuada en España (habitualmente tres años) que se exige, junto a otros requisitos, para poder regularizar la situación administrativa por determinadas vías.
¿Dónde puede acudir una mujer migrante que necesita apoyo?
Organizaciones de la Red MigraRebeldía y entidades especializadas en mujeres migrantes ofrecen acompañamiento adaptado a estas situaciones, muchas veces con rutas propias que no dependen exclusivamente de los recursos estatales.
