Defender un río, un bosque o un territorio frente a un proyecto extractivo es, según los datos, una de las formas más peligrosas de activismo en el mundo. Te explicamos por qué la violencia contra defensoras ambientales y territoriales es tan letal, qué papel juega el extractivismo, y qué protección ofrece el Acuerdo de Escazú.
Este artículo forma parte de nuestra guía completa sobre defensoras de derechos humanos. Puedes conocer también a las defensoras indígenas y comunitarias en Centroamérica que Calala apoya directamente.
Por qué es el activismo más letal
El extractivismo como motor del conflicto
La criminalización: violencia más allá de la física
El Acuerdo de Escazú
Limitaciones reales del Acuerdo
El trabajo de Calala
Preguntas frecuentes
Defensoras ambientales y territoriales: el activismo más letal
La violencia contra defensoras ambientales y territoriales se distingue de otras formas de activismo por su letalidad: a diferencia de otros tipos de defensa de derechos, aquí el enfrentamiento es directo con intereses económicos concretos (mineras, hidroeléctricas, agroindustria), lo que eleva el riesgo de violencia extrema, incluido el asesinato, muy por encima de otras causas.
El extractivismo como motor del conflicto
Según el Atlas de Justicia Ambiental (EJATLAS), en 2019 se documentaron 853 conflictos socioambientales en el mundo, 201 de ellos en México y Centroamérica. Un informe de Oxfam Centroamérica sobre Honduras, Guatemala y El Salvador señala que estos tres países combinan alta vulnerabilidad climática, desigualdad extrema, industrias extractivas agresivas y debilidad institucional, con Honduras y Guatemala entre los países con mayores índices de violencia contra defensoras ambientales del mundo.
La criminalización: violencia más allá de la física
No toda la violencia contra defensoras ambientales y territoriales es física. La criminalización —usar el sistema judicial para acosar, procesar o encarcelar a una defensora sin una base sólida— es una de las tácticas más documentadas por organizaciones de derechos humanos, y a menudo se combina con campañas de estigmatización pública que buscan deslegitimar su trabajo antes incluso de que llegue a los tribunales.
El Acuerdo de Escazú
Limitaciones reales del Acuerdo
Distintas organizaciones, como Oxfam Centroamérica y FARN, señalan que gran parte de Centroamérica todavía no ha implementado plenamente el Acuerdo de Escazú, y que persisten dificultades de gobernanza efectiva en el acceso a la información y la justicia ambiental. La firma de un tratado, señalan estas organizaciones, no elimina por sí sola la violencia contra defensoras ambientales y territoriales si no va acompañada de mecanismos reales de implementación y rendición de cuentas.
El trabajo de Calala
A través de su programa Vida y Territorio, Calala apoya a organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes en Guatemala y Honduras que defienden su territorio, el medioambiente y los recursos naturales, incluyendo el fortalecimiento de redes comunitarias de refugio y sanación para defensoras en riesgo.
Tu donación protege a defensoras ambientales y territoriales en Centroamérica.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la criminalización de defensoras?
Es el uso de denuncias, procesos judiciales o detenciones, muchas veces sin fundamento sólido, para desgastar, intimidar o silenciar a una defensora a través del sistema legal, en lugar de (o además de) la violencia física directa.
¿España ha firmado el Acuerdo de Escazú?
No; el Acuerdo de Escazú es un tratado regional de América Latina y el Caribe, por lo que España no forma parte de él, aunque organismos como la ONU Derechos Humanos participan en su seguimiento e implementación en la región.
¿Qué países tienen más violencia contra defensoras ambientales?
Según los informes citados, Honduras y Guatemala figuran entre los países con mayores índices de violencia contra defensoras ambientales del mundo, aunque el fenómeno afecta a toda la región centroamericana.
