La denuncia por la Manifestación Coño insumiso fue inicialmente sobreseída y archivada, pero la Asociación de Abogados Cristianos interpuso recurso y la Audiencia Provincial de Sevilla reabrió el caso.
El origen de este litigio se remonta al 1 de mayo de 2014, durante la movilización del Día Internacional del Trabajo en Sevilla. En ese contexto, diversos colectivos feministas organizaron una performance de protesta social y laboral bajo el nombre de la “procesión de la anarcofradía del santísimo coño insumiso y el santo entierro de los derechos socio-laborales”. La acción consistió en portar en andas una estructura de látex de grandes dimensiones que simulaba una vagina.
A pesar de que la movilización transcurrió de manera pacífica, la Asociación de Abogados Cristianos interpuso una querella que dio inicio a un largo y complejo periplo judicial, convirtiendo este acto de protesta en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión en España.
El contexto de la Manifestación Coño insumiso y los cargos imputados
A lo largo de los cinco años que duró la instrucción del caso, las tres mujeres identificadas y procesadas tuvieron que enfrentarse a acusaciones graves que pretendían tipificar su libre activismo como infracciones penales. La acusación particular ejercida por Abogados Cristianos solicitaba para cada una de las activistas un año de cárcel y una multa económica de 3.600 euros, imputándoles delitos contra los sentimientos religiosos (artículo 525.1 del Código Penal) y delitos de odio o provocación a la discriminación (artículo 510.1). Por su parte, la Fiscalía de Sevilla mantuvo una petición de multa de 3.000 euros para cada una de las encausadas, enfocando sus cargos únicamente en el presunto daño a los sentimientos de la comunidad católica.
Las acusadas defendieron en todo momento que la finalidad de la marcha no era la ofensa religiosa, sino la legítima reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la denuncia de la precariedad laboral. La marcha coincidió además históricamente con el debate social e institucional en torno a la propuesta de reforma de la ley del aborto en España, lo que motivó que los colectivos feministas llevaran estas demandas específicas a las calles.
Resolución judicial: Absolución tras la Manifestación Coño insumiso
En octubre del 2019 se celebró el juicio enfrentándose a una petición de multa de tres mil euros cada una. El jurado falló a favor y fueron absueltas de todos los cargos. El Juzgado de lo Penal Número 10 de Sevilla deparó en su fallo que la intención o finalidad de las investigadas no era ofender los sentimientos religiosos de los ciudadanos católicos, enmarcando la actividad dentro del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de manifestación pública.
El magistrado encargado del caso argumentó que, si bien las formas utilizadas en la protesta podían no ser compartidas por toda la ciudadanía, no encajaban en los tipos penales imputados. La resolución judicial, cuyos fundamentos y detalles institucionales pueden consultarse a través del Poder Judicial, dejó en claro que tampoco se incurrió en un delito de odio, puesto que las encausadas no efectuaron arengas ni proclamas que incitaran directa o indirectamente a la violencia o discriminación por motivos de fe religiosa.
Posteriormente, la propia Audiencia Provincial de Sevilla desestimó de manera definitiva los recursos interpuestos por la acusación, ratificando la absolución plena de las tres manifestantes y consolidando este caso como un precedente jurídico clave frente a la criminalización de la protesta feminista.
Sostenimiento de redes de apoyo frente al acoso judicial
Procesos de litigio tan prolongados generan un enorme desgaste emocional y financiero para las defensoras de derechos humanos, quienes a menudo carecen de los recursos individuales necesarios para hacer frente a corporaciones de abogados ultraconservadores. Desde Calala Fondo de Mujeres, entendemos que la protección del espacio civil y el acompañamiento en el activismo seguro son fundamentales para que las mujeres organizadas puedan alzar la voz sin miedo a represalias legales.
Nuestro apoyo económico contribuye a la difusión del caso y al pago de los gastos legales. A través de nuestras redes de apoyo y fondos de emergencia, continuamos financiando la defensa técnica y la protección integral de las colectivas que sufren acoso judicial por defender sus derechos fundamentales.
