El movimiento feminista alerta de que el Gobierno acelera los trámites para aprobar la contrarreforma del aborto impulsada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en Consejo de Ministros, e iniciar su tramitación parlamentaria durante el próximo mes de julio y anima a seguir movilizándose para frenar y desobedecer una ley que vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y atenta contra la salud pública. En Madrid, un grupo de trabajo sobre aborto compuesto por varios colectivos convoca a las 19h ante el Ministerio de Justicia el viernes en que se tramite o apruebe la contrarreforma del aborto, y en el resto del estado se suceden las movilizaciones para frenar esta ofensiva misógina institucional que atenta contra los derechos de las mujeres y socava los avances en equidad de género de las últimas décadas. El pasado 5 de julio, la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït realizó la acción descentralizada #VdeVagina en todo el territorio catalán para frenar la contrarreforma del aborto.
Este junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) ya han dado su visto bueno a la contrarreforma del aborto. Mientras tanto, hay varios procesos judiciales y administrativos abiertos contra activistas feministas de todo el Estado español por movilizaciones y acciones en defensa del aborto libre y gratuito.
Ofensiva institucional para lograr la contrarreforma de la ley de aborto
El pasado viernes 13 de junio, el CGPJ aprobó por 10 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones el informe sobre el anteproyecto de ley para reformar la legislación vigente sobre aborto en el Estado español, conocida como contrarreforma del aborto. Doce días antes,el Consejo Fiscal emitió un informe en que apoya la contrarreforma y pide multar a las mujeres que aborten ilegalmente. Ambas instancias, cuyos informes preceptivos son necesarios para aprobar la contrarreforma en el Consejo de Ministros y después iniciar su tramitación en el Congreso durante el mes de julio, como pretende el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se suman así a la ofensiva misógina institucional que también secunda el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que el 11 de junio aprobó un informe jurídico en el que considera que el anteproyecto de ley del aborto no tiene «impacto negativo» en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para acelerar el proceso.
El informe favorable del CGPJ recomienda ampliar los supuestos previstos en el anteproyecto de ley que Gallardón presentó el 20 de diciembre ante el Consejo de Ministros, que sólo permite abortar por violación (hasta la semana 12 de gestación, previa presentación de denuncia que la acredite), o grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la madre (sin límite de plazo), que ya existían en la ley del 85 e incluir el caso de anomalía fetal incompatible con la vida sin tener que certificar un daño psicológico, ya que la prohibición de este supuesto ha sido uno de los aspectos más polémicos de la contrarreforma y ha motivado la oposición del colectivo de profesionales de la ginecología y el diagnóstico prenatal. Hasta el 12 de junio, el CGPJ había pospuesto el debate, obstaculizado porque los dos informes encargados a vocales del Consejo partían de posturas diametralmente opuestas: la progresista Pilar Sepúlveda pedía la retirada de la reforma y la conservadora Carmen Llombart solo instaba a realizar cambios puntuales. El Poder Judicial ha evitado que ocurriera lo mismo que en 2009 cuando el Consejo no pudo sacar adelante su informe sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, actualmente vigente, ya que ninguno de los dos textos presentados obtuvo la mayoría suficiente, entonces fijada en 11 votos favorables, para ser aprobado. Fue la primera vez en la historia del Estado español que una ley no pudo ser informada por el CGPJ. Tras la reforma de la Ley del Poder Judicial realizada por Gallardón en 2013, los informes sólo requieren una mayoría simple para su aprobación. El Consejo Fiscal, por su parte, respalda la supresión del sistema de plazos actual al considerar que «el aborto no es un derecho de la mujer y que la vida del nasciturus (no nacido) merece ser protegida». Incluso solicita endurecer algunas medidas, como mantener las multas a mujeres que aborten fuera de los casos permitidos por la ley, aunque critica que el anteproyecto de ley prevé que un juez decida sobre los abortos de menores que quieran interrumpir el embarazo cuando hay conflicto con sus padres.
El lobby antielección busca apoyos médicos y científicos
El MSSI aprobó el informe jurídico favorable a la contrarreforma de la ley de aborto con la oposición de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Asturias. La Ministra Ana Mato, que, junto con Gallardón, elaboró la contrarreforma del aborto con la asesoría de entidades ultracatólicas y antielección como el Comité de Bioética de España, vinculado al Vaticano, ha resaltado que el anteproyecto de ley «da mayores garantías jurídicas en cuanto a la objeción de conciencia» de los profesionales médicos ante el aborto. La objeción de conciencia ha sido un obstáculo para el acceso al aborto como prestación sanitaria normalizada desde su despenalización con la ley de 1985, lo que dificultaba que las mujeres abortaran en hospitales públicos y las empujaba a hacerlo en clínicas privadas a las que el Estado pagaba después el importe del aborto. La ley de 2010, actualmente vigente, preveía la elaboración de un registro de profesionales que objetaran ante el aborto para garantizar que las mujeres pudieran ejercer su derecho a recibir atención médica para practicárselo.
Para lograr más apoyos a la contrarreforma, la asociación Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, que preside el senador del Partido Popular, Ángel Pintado, celebrará el 3 y 4 de julio un Seminario Internacional por el Derecho a la Vida en Madrid, auspiciado por la alcaldesa popular, Ana Botella, que les brindará una recepción en el Ayuntamiento. El seminario, en el que participarán también parlamentarios de Unió Democrática (partido que forma coalición con Convergència Democrática de Catalunya y gobierna en Catalunya) contará con ponencias de profesionales médicos antielección, ya que busca lograr el respaldo a la contrarreforma del aborto desde una perspectiva médica y científica. Algo realmente difícil: tras su presentación ante el Consejo de Ministros el pasado diciembre, seis sociedades científicas federadas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) advirtieron que la reforma de la ley del aborto supone «un riesgo para la salud física, psicológica y social de las mujeres en el Estado español”; la Asociación Española de Neuropsiquiatría receló del rol que se les atribuye en el anteproyecto de ley de Gallardón, que obliga a que dos psiquiatras que no trabajen en el centro donde se practica al aborto acrediten el grave riesgo para la salud de la mujer (la ley del 85 sólo requería un permiso médico del o la profesional de la clínica donde se abortaba); la Asociación Madrileña de Salud Mental se negó a «reprimir» y “decidir sobre úteros ajenos y despojar de derechos a las mujeres” y profesionales de la ginecología que practican abortos mostraron su disposición a desobedecer la contrarreforma para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El mismo 3 de julio, varios grupos del Parlamento español organizan un Encuentro Proelección en el Congreso de los Diputados bajo el título «Parlamentarias/os y sociedad civil por el derecho a un aborto legal seguro y accesible», que se presenta con la premisa de que «las mujeres son las únicas que pueden ejercer el derecho a decidir por sí mismas en lo concerniente a ser madres. Esa es la verdadera esencia de lo que significa ser pro-elección».
La ofensiva para aprobar la contrarreforma del aborto de Gallardón se enmarca en un pulso global en un momento clave de negociación internacional de políticas de población: en diciembre de 2013, el lobby antielección logró que el Parlamento Europeo rechazara aprobar el Informe Estrela sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que reclamaba garantizar el derecho al aborto y la educación sexual en todos los países de la UE. La contrarreforma, que ha suscitado reacciones de rechazo en el resto de Europa y del mundo, culmina una ofensiva del lobby ultracatólico y antielección estatal basada en la estrategia internacional de injerencia en las leyes, que en los 80 logró la aprobación de leyes altamente restrictivas en América Latina y Caribe, y el reconocimiento de derechos y personalidad jurídica del no nacido, que está protegido en la constitución de ocho países de la región. Gallardón toma el relevo de su padre, que presentó el recurso de inconstitucionalidad de Alianza Popular (formación política de la que surge el Partido Popular) contra la ley de despenalización parcial del aborto del 1985, frente al que el Tribunal Constitucional falló que el embrión no es titular del derecho a la vida.
