El Gobierno del Estado español sigue empeñado en reformar la ley de aborto, ahora para impedir el acceso al aborto a las menores de edad que no tengan el permiso de madres, padres o tutores legales. El pasado 18 de febrero, el Ejecutivo presentó una proposición de ley para reformar los artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 que permiten a las menores de 18 años abortar sin este consentimiento (que según varios estudios, son muy pocas y se encuentran en situación de riesgo y especial vulnerabilidad). Una vez más, el movimiento feminista rechazó la reforma y salió a la calle en ciudades como Madrid o Barcelona para denunciar este ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, a la que apoyamos en 2014, considera que la reforma “supone una vulneración de los derechos de las jóvenes y que el PP impone desde el electoralismo y el integrismo religioso”. Según la Campanya, “a pesar de que los estudios más recientes confirman que las jóvenes de 16 y 17 años que abortan son sólo un 3,6% del total y que más del 87% de estas jóvenes informan a sus tutores legales por voluntad propia, el Gobierno del PP quiere contentar a los sectores ultraconservadores poniendo en riesgo la vida de las jóvenes que, por diversas cuestiones, no pueden informar a sus familias. Como se ha demostrado, estas mujeres jóvenes viven situaciones de violencia, desestructuración y desamparo familiar y así lo acreditan los y las profesionales que las atienden. Por lo tanto, QUIEREN desproteger a las mujeres que actualmente sufren el máximo riesgo de vulnerabilidad social”. Un estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) publicado en 2014 también certifica que el 90% de las menores que abortan informan a sus madres, padres o tutores legales. Las que no lo hacen, según ACAI, son “casos muy excepcionales, derivados siempre de situaciones de maltrato o desamparo. Si el Gobierno cambia la ley, estará empeorando aún más la situación de vulnerabilidad de estas chicas, condenándolas a la clandestinidad, con el consiguiente peligro para su salud, o a una maternidad forzada y la marginalidad”.
Aborto libre y gratuito, sin plazos ni límites
La respuesta feminista no se ha hecho esperar. En Catalunya, la Campanya respondió al anuncio de reformar la ley concentrándose esa misma tarde ante la Delegación del Gobierno en Barcelona. En Madrid, el movimiento feminista se concentró ante el Ministerio de Justicia, donde un centenar de personas gritaron consignas como “quiero abortar sin el permiso de papa”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos” y “Fuera rosarios de nuestros ovarios”. La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, ciudad que el 19 de febrero amaneció con una pancarta por el “Aborto Libre” en un puente de una de sus carrerteras principales, también rechazó la contrarreforma del aborto. El lunes 23 el movimiento feminista de A Coruña se concentró ante la sede del Partido Popular para rechazar la reforma. Todo apunta a que las movilizaciones del 8 de marzo se centrarán, un año más, en frenar cualquier recorte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La Campanya afirmó que “la lucha feminista no desistirá, no desfallecerá hasta garantizar los derechos y libertades de las mujeres, manteniendo la presión y movilización feminista y social, como hemos hecho hasta ahora. Porque no aceptaremos ninguna injerencia (ni del Estado, ni la Iglesia, ni de ningún tribunal), ni ningún paso atrás. Porque la lucha continúa. Exigimos al gobierno del PP que retire para siempre este nuevo ataque a las mujeres, sean jóvenes o no”.
También recordó que “la actual ley de SSR e IVE vigente desde 2010, supuso un avance importante respecto a la situación previa, pero seguimos exigiendo y denunciando los incumplimientos de las instituciones públicas sobre nuestros derechos reconocidos” y reivindicando las demandas históricas del movimiento en torno al derecho al propio cuerpo: “educación afectiva y sexual en todos los niveles escolares; métodos anticonceptivos gratuitos al alcance de todas y todos; salud sexual placentera para una vida plena, y aborto gratuito y garantizado por la red pública”.
Esta es la segunda vez que el Gobierno intenta reformar los artículos relativos al aborto en menores de edad después de que el pasado 23 de septiembre anunciara la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, lo que motivó la dimisión inmediata del entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, principal impulsor del proyecto. Ya entonces, el presidente del Gobierno anunció que reformaría la Ley de Aborto de 2010 “para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno para abortar”, medida que ya incluía el anteproyecto de ley de Gallardón, y anunció la elaboración de un Plan de Protección de la Familia. En noviembre, el Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad intentó invalidar el artículo de la ley de 2010 que permite abortar a las menores sin consentimiento de progenitores o tutores legales mediante una norma de rango menor, el Anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia y el Consejo de Estado frenó esta maniobra jurídica.
